Posteado por: cmorlape | enero 18, 2015

Ciudadanos piden senciones drásticas en caso de agentes Dican, Dicrim y DNCD traslados por denuncia en Hato May or


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Hato Mayor.-Residentes en diferentes sectores respaldan medidas referentes a la destitución, apresamiento y traslado de miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en esta provincia tras denuncia de una mujer que tenía que pagar peaje para vender drogas.

La medida de las autoridades es apoyada por los residentes en los sectores populares, quienes también piden acciones en contra de los miembros del Ministerio Público que han perdido credibilidad con las denuncias..

Los medios de comunicación han sido usados por los ciudadanos a través de llamadas telefónicas para insistir en que se aplique todo el peso de la ley a los miembros de los organismos anti-narcóticos de Hato Mayor.

No es la primera vez que los miembros de la DNCD son trasladados en esta provincia por mala actuación y quejas de los ciudadanos, pero hasta la fecha no se conoce ninguna acción penal en contra de los mismos.

En el caso de los fiscales, los ciudadanos se quejan de que muchos jóvenes han sido apresados sin la supuesta droga y luego son enviados a la cárcel de el Seibo con los expedientes fabricados por los miembros de la DNCD y avalados por los fiscales,

Las personas que calificaron como válidas la destitución y apresamiento de la dotación de la Dirección Central De Investigaciones Criminales (DICRIM) y la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN), además el traslado de miembros de la DNCD en Hato Mayor, exigieron que esas medidas sean tomadas a nivel nacional.

Aseguran que no tienen voluntad de combatir realmente el tráfico de drogas, porque estas denuncias ponen en evidencia lo que desde hace mucho tiempo era sabido por la población, porque entienden que es un negocio muy lucrativo para los integrantes de esas instituciones y que solo toman acciones cuando se hace un escándalo a nivel nacional.

Según las denuncias los agentes de la Dican, Dicrim, y DNCD cobraban unos 20 mil pesos semanales para permitir a los distribuidores operar los puntos de drogas en la provincia Hato Mayor.

Los residentes en diferentes sectores lamentan que en las llamadas redadas donde supuestamente encuentran drogas solo tenga credibilidad lo que dicen los agentes.

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